Que no se repitan los proyectos de Plan Colombia

Putumayo es un departamento ubicado en el sur de Colombia, en la frontera con Ecuador. Es uno de los tantos departamentos del país que se ven enfrentados a un sinnúmero de problemas y falencias tanto sociales como económicas. Entre tantas dificultades está la limitación de la producción agrícola y pecuaria a la hora de enfrentar el mercado. Dicho de otro modo, se habla de la falta de alternativas a la hora de buscar medios para sobrevivir, ya que productos que pueden surgir de estas tierras tales como el plátano, la yuca, el maíz, el arroz y el cacao, no tienen mayor futuro en su venta y comercialización. Esta es una de las razones del surgimiento de los cultivos de uso ilícito.

Según la UNODC (oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito) el último censo de cultivos de coca en Colombia realizado en el año 2016,  registra que  en el  año 2015 hubo 20.068 hectáreas de coca en el departamento del Putumayo, siendo uno, junto con Nariño, de los departamentos con más plantación de cultivos de coca en Colombia.

En el departamento, las plantaciones de coca son tomadas como una alternativa viable a la hora de generar ingresos para los hogares y tener un balance en la economía, pero que al ser ilegal trae consigo múltiples factores de riesgo e implicaciones que van más allá de la simple denominación de “cocaleros”. Para los campesinos ser cocaleros no es un diminutivo, es una lucha constante, como muchos dicen, “contra la corriente”, buscando alimentar sus familias con el único cultivo que se los permite. Un raspachin cosecha en un promedio de 8 a 10 arrobas al día si el cultivo esta abundante, generando ingresos aproximados de 40.000 o 50.000 pesos al día, el trabajo es constante siempre hay donde trabajar, si se acaba el “raspe” como lo dominan los raspachines, hay donde el vecino y así sucesivamente. Todo esto equilibra su economía hasta que aparecen las fumigaciones y la erradicación manual, lo que genera una fuerte caída económica para este pueblo, ya que tendrían que empezar de nuevo a cultivar otros tipos de cultivos poco rentables.

“Cuando nos erradicaron los cultivos todos empezamos a sembrar arroz y cacao pero se generó una oferta muy alta para una demanda muy reducida. Yo cosechaba 11 bultos de arroz y 200 kilos de cacao, primero se vendían a buen precio, pero con el tiempo esto fue cayendo hasta el punto que no valía la pena sembrar arroz o cacao, los precios eran muy baratos, y las enfermedades que atacan a los cultivos de cacao causan muchas pérdidas, mientras que con la  coca no hay tanta complicación para trabajar ni vender”, dice Antonio, habitante San Miguel, Putumayo.

 

Como consecuencia de la ilegalidad otorgada a los cultivos ilícitos, el departamento padeció el gran experimento del llamado Plan Colombia en los años 2000 y 2001. Dicho plan, denominado como «Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado», fue aprobado en los Estados Unidos en el año 2000 y ejecutado sin consultar a la ciudadanía colombiana. Dentro de lo establecido en el plan, se tomaba como objetivo general el logro de la pacificación en Colombia por medio de la negociación política, el respeto a la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente. En referencia a los cultivos ilícitos, estos son relacionados directamente con las fuerzas armadas, dado que son tomados como fuente de financiación de éstos. En esta misma línea, con ánimo de contrarrestar la violencia y disminuir los factores entrelazados a ella se contemplaron una serie de estrategias, dentro de las cuales se mencionaba claramente una estrategia de desarrollo alternativo, la cual comprendía introducir alternativas integrales, rentables, participativas y económicamente sostenibles en áreas rurales, permitiendo a los campesinos y sus familias tener acceso a otras actividades “rentables”.

Bajo estas garantías, todo parecía cambiar, se daba luz de esperanza a los campesinos. Sin embargo, todo desapareció luego de la fumigación con glifosato puesto que dejó  un impacto negativo en la salud de los habitantes, contaminando los suelos, aguas y trayendo fuertes afectaciones en los cultivos de pancoger, por estas mismas razones  se generó desplazamiento y abandono de tierras; los afectados generan un desplazamiento de cultivos de coca a montañas vírgenes, buscando continuar cultivando y a la vez de forma perjudicial contribuyendo a la tala de árboles y envenenamiento de las aguas y suelos.

Los proyectos presentados por el estado para la reparación nunca fueron satisfactorios por múltiples falencias de implementación y puesto que los aspectos a considerar como el medio ambiente, la socialización y el bienestar de los habitantes fue claramente ignorado dando evidencia de cómo el estado siempre ha buscado que los campesinos dejen de sembrar y procesar base de coca sin tener en cuenta las necesidades del pueblo perjudicado.

Primero fueron los aviones con la dichosa fumigación indiscriminada, cubriendo los campos de la región con una lluvia de glifosato que eliminaba todo cultivo a su paso. Luego, vinieron las erradicaciones manuales, arrancando cada planta de coca de los cultivos. A pesar de que la segunda medida no tuvo fuerte impacto ambiental si lo tuvo para con la población en general dado que llegó el desequilibrio económico. Luego de estos hechos se llega a la inquietud, ¿Qué otras alternativas hay por parte del estado para los campesinos que tienen cultivos de coca?

En el punto cuatro del acuerdo de paz firmado por el gobierno y las Farc en el 2016 habla sobre “Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito”. Quizá suena muy bonito porque nos dan a entender que el problema de los cultivos de coca se acaba y que existen otras alternativas. Sin embargo, como sucedió con el plan Colombia, no se estableció diálogo con los campesinos sino que se incurrió directamente a fumigar los cultivos para luego llegar a reparar a los afectados.

“No se quiere falsas promesas ni proyectos absurdos como los que se han planteado en anteriores “acuerdos”. El campesino no necesita que le regalen 4 machetes, dos bultos de alambre de púa, unas cuantas semillas raras y dos vacas. Somos campesinos no brutos”

Teniendo esta mirada pesimista, indignante y poco confiable frente a la situación ¿el campesino qué medidas toma?

Dado tanto incumplimiento, muchos campesinos que poseen cultivos de coca exigen que se llegue a un acuerdo antes de empezar la erradicación, para ello no  quieren  que  el  ejército  llegue    a  arrancar                                                                                 los  cultivos  sin  tener  nada concretado e incumplir los acuerdos del punto 4 del proceso de paz, los campesinos tienen los cultivos de coca y el estado los proyectos de sustitución. El pueblo pide que el presidente cumpla con lo prometido para que haya una erradicación manual voluntaria de cultivos ilícitos y así se cumple el tomar la voluntad como uno de los ejes fundamentales para que una sustitución de cultivos se lleve a cabo, citado en el acuerdo como la “Manifiesta voluntad de las comunidades de transitar caminos alternativos a los cultivos de uso ilícito”  

 “Ya estamos cansados de los incumplimientos del presidente, no tiene voluntad de ayudarnos peormente nosotros, a nosotros nos llenan de ejército y nos arrancan las matas, si no hay una solución, seguimos sembrando”.

Estas son palabras de José quien lleva más de dos décadas viviendo en la región,  donde ha vivido  los fuertes intentos del estado  por acabar la coca.

Otro dilema que se presenta en todo este marco de proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos es el mal manejo de recursos.

“la bulla es que nos van a dar 31 millones de pesos a cada finquero, pero dudo mucho de que eso pase, el dinero siempre se queda en el camino, lo que llega a las manos de nosotros son chichiguas”

 Son palabras de Amparo una mujer que vive de los cultivos de coca, los que le permiten dar estudio y ropa a sus 4 hijos.

Sobre esto, para nadie es oculto que muchos recursos del estado se desaparecen y nunca llegan a su destino, siempre hay un desvió de recursos que nunca se sabe dónde van a parar. Dado a que la negociación con el estado no es ajena a dicha irregularidad, los campesinos temen que suceda dicha desviación, ya que firmar un compromiso para la erradicación voluntaria, los involucra a depender de ayudas del gobierno, ayudas que quizá nunca lleguen.

“en estos momentos están construyendo una piladora de arroz con oficinas y todo muy bonito pero ya hay escándalos de que faltan recursos para poder terminarla, la corrupción es muy grande y de grano en grano se va acabando el maíz”

Son palabras de Doris habitante de la vereda la cabaña del municipio de San miguel Putumayo.

Teniendo en cuenta todos estos factores y problemáticas arraigados al cultivo de  coca, se llega a un punto en el que los campesinos se ven manipulados y atados de manos por las falsas promesas del estado y se preguntan ¿Qué más se hace? ¿En qué más trabajo? dando a sí mismos una respuesta simple: sobrevivir con lo que se los permite.